Trabajadores de XEAL piden a la Xunta que revierta los derechos de explotación de la empresa
El comité presentará denuncia en el juzgado de lo penal por los “incumplimientos”
de la entidad

Trabajadores de XEAL en Cee y Dumbría se concentraron hoy a las puertas de la sede de la Xunta en San Caetano (Santiago) para demandar al Gobierno gallego que revierta los derechos de explotación hidroeléctrica de la empresa, ante los “incumplimientos” de las concesiones públicas y las sentencias en su contra. Unos incumplimientos por los que el comité de empresa avanzó que presentará denuncia en el juzgado de lo penal. Según explicó a los medios el portavoz del comité, Alfonso Mouzo, desde que a mediados de 2019 lo que era Ferroatlántica cambió de titularidad, la producción industrial de la factoría de Cee-Dumbría “fue a menos” y la empresa “se dedica a la producción de energía eléctrica sin respetar las condiciones de la concesión” por la que puede explotar las estaciones hidroeléctricas del río Xallas. Además, denuncian que no cumplen la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que impide a la compañía segregar la producción de ferroaleaciones de la de energía y que fija “que hay que mantener el empleo” en la factoría.
““En el año 2019 éramos 293 trabajadores fijos, ahora no llegamos a 260”, sentencia Mouzo, que pide a la Xunta que ejecute el cambio de titularidad de una factoría “que sigue dependiendo del grupo Ferrolglobe” al actuar “como una subcontrata” de la multinacional pero “con condiciones inferiores”.
Mouzo denunció también que desde el 1 de enero se aplica a los trabajadores de la planta el convenio del metal de la provincia en A Coruña porque el de la factoría “no tiene ultractividad”. Por este motivo, los empleados solicitaron hace una semana una mediación con la empresa, que, tras acceder en un primer momento lo rechazó. El comité también se reunió el martes con el grupo del BNG y hoy lo hizo con los de PP y PSdeG para trasladar sus demandas.
El comité denunció asimismo que la empresa mantiene en su puesto a una persona que ha sido condenada en primera instancia por acoso sexual a una empleada. Esta persona, relató Mouzo, “sigue trabajando sin problema ninguno” en la factoría y la dirección no le ha abierto expediente, como sí ha ocurrido con un “compañero del comité que fue a declarar” al juicio “y fue despedido”. “Es el mundo al revés”, sentenció.